Desde la Asociación de Funcionarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (AFINDDHH) manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la decisión del Consejo Directivo de la INDDHH de prohibir la difusión del primer capítulo del pódcast El golpe a la educación, elaborado por la investigadora Virginia Martínez.
Dicha decisión constituye, a nuestro entender, un acto de censura contrario a los principios fundamentales que deben regir a un organismo nacional de derechos humanos: la libertad de expresión, el derecho a la memoria, el pluralismo democrático y el compromiso activo con las voces de las víctimas y los procesos históricos de justicia y verdad.
El material censurado aborda un período crucial de la historia reciente del país, caracterizado por la creciente represión estatal, la persecución a estudiantes y trabajadores, y la vulneración de derechos en el ámbito educativo durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco. Durante su mandato, se impusieron medidas prontas de seguridad de forma sistemática y casi permanente, se clausuraron centros educativos, se censuraron medios de prensa, se militarizaron los liceos, se encarceló a docentes y se asesinaron estudiantes como Líber Arce, Hugo de los Santos y Susana Pintos. La educación fue tratada como un frente de combate, y la juventud organizada como un enemigo interno.
Negar su difusión con el argumento de falta de “equilibrio” o “miradas contrastantes” implica imponer una falsa equidistancia frente a hechos históricos documentados, lo cual es especialmente grave cuando proviene de una institución cuya misión es promover y defender los derechos humanos.
La INDDHH no puede convertirse en filtro ideológico ni en censor institucional. Su rol exige favorecer el debate público informado, garantizar el acceso a la memoria histórica y respaldar a quienes trabajan por la verdad, aún cuando ello incomode a sectores de poder o confronte los relatos funcionales al cuoteo político.
Instamos al Consejo Directivo a revertir esta decisión y a reafirmar el compromiso institucional con los principios que le dieron origen. Defender la memoria no es una opción, es un deber. Y ningún organismo de derechos humanos puede cumplir con su mandato si cede ante presiones políticas o silencia voces legítimas.
El 14 de agosto de 1968 murió Líber Arce, el primer estudiante asesinado por la represión estatal durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco.
